Guatemala aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en enero y actualmente debate una nueva Ley Portuaria, pero los cuellos de botella institucionales y la falta de coordinación siguen postergando la materialización de proyectos clave.
Durante el primer semestre del año, el país ha mostrado señales mixtas. Por un lado, se observan avances concretos en sectores estructurales clave como infraestructura, pero, a su vez persisten desafíos institucionales para consolidar el potencial de estos avances. Hoy, más allá de un balance técnico, quiero reflexionar sobre si ¿estamos construyendo las condiciones para un desarrollo económico sostenible?
La respuesta está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de transformar la planificación en ejecución efectiva. Como evidenciamos en el foro de perspectivas económicas y financieras 2025, la infraestructura es un pilar urgente para la estabilidad económica y hemos tenido grandes avances a nivel legal. La más importante ocurrió en enero, cuando entró en vigor la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para facilitar la inversión pública en el desarrollo y modernización de carreteras y caminos.
Sin embargo, enfocándonos en los cinco proyectos de esta ley. que desde FUNDESA consideramos principales CA-09 Norte y Sur, CA-02 Occidente y Oriente, Anillo Regional C-50, y Metro de Guatemala- por los que transita carga por US$13,279 millones en exportaciones y US$25,749 millones en importaciones, nos confronta con una realidad: tenemos la hoja de ruta, pero necesitamos acelerar el paso hacia la implementación.
La brecha entre planificación y ejecución sigue siendo el principal obstáculo, donde problemas como el derecho de vía y el flujo constante de efectivo para contratistas han provocado atrasos o hasta la inviabilidad de proyectos. Para la infraestructura física necesitamos infraestructura institucional, por ejemplo, como ha presentado Juan Carlos Zapata: procesos de licitación transparentes, coordinación eficiente entre entidades y mecanismos que generen confianza en inversionistas nacionales e internacionales.
En esa línea, el sector portuario ejemplifica perfectamente esta tensión entre marco legal y ejecución efectiva. La Ley General del Sistema Portuario que actualmente discute el Congreso propone crear una autoridad portuaria superior para agilizar inversiones y modernizar terminales. Sin embargo, como se presentó en el foro sobre el futuro de los puertos de Guatemala No Se Detiene, esa visión aún convive con una realidad marcada por cuellos de botella logísticos y falta de coordinación institucional. Mientras la discusión avanza en el plano legislativo, las limitaciones actuales siguen afectando la competitividad del país y postergando inversiones clave.
Ahora bien, para que iniciativas como estas leyes se conviertan en resultados concretos y positivos, necesitamos seguir impulsando la reforma al marco legal de alianzas público-privadas (APP). Una nueva Ley APP permitiría estructurar proyectos con mayor agilidad, seguridad jurídica y atractivo financiero para capital privado, especialmente en contextos donde la inversión pública no basta.
Infraestructura física requiere infraestructura institucional, y esto implica marcos legales actualizados, capacidades técnicas sólidas, mecanismos, pero, sobre todo, decisión política que generen certidumbre para todos los actores involucrados.
Al final, lo que está en juego no es solo la ejecución de obras, sino la credibilidad del país como destino de inversión. Las leyes por sí solas no transforman realidades: deben acompañarse de visión intersectorial, coordinación efectiva y voluntad política. La pregunta que planteé al inicio encuentra aquí su verdadera prueba, y la respuesta dependerá no solo de lo que aprobemos en papel, sino de lo que logremos concretar sobre el terreno.
Aún estamos a tiempo de convertir este año en un punto de inflexión y pasar del diseño al impacto, para demostrar que Guatemala sí puede construir, con coherencia y decisión, un desarrollo económico sostenible.
