La acción climática y la infraestructura no son tan diferentes. La primera busca solucionar un problema existente, mientras que la segunda debe ser capaz de sortear los efectos ocasionados por la variabilidad climática, que impacta a gran parte del mundo, sobre todo a países como los nuestros, con una alta vulnerabilidad, aún cuando contaminamos mucho menos, somos los más afectados.
Muestra de esto es que en noviembre de 2020, los huracanes «Eta» e «Iota» dejaron grandes secuelas en países de Centroamérica, El Caribe y México y más de siete millones de personas fueron afectadas, siendo Guatemala uno de los países más golpeados, junto a Honduras y Nicaragua.
Asimismo, la variabilidad climática no solo tiene efectos sobre el mismo clima, sino que se relaciona también con una serie de problemas que se generan en cadena como, por ejemplo, el desvío de recursos por parte de las naciones para solventar la destrucción que ocasiona cualquier inclemencia climática. En esta misma línea, de acuerdo con el Banco Mundial, hacia el año 2030 el cambio climático generará un aumento de hasta 300% en la pobreza extrema de América Latina y el Caribe (ALC).
De esta manera, luchar contra los efectos climáticos es un camino largo, porque sus contrapesos son de gran envergadura y no es un problema que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, ni siquiera en el país con más riqueza del mundo.
Es un hecho que este fenómeno tiene efectos sobre la infraestructura, entendiéndose como hospitales, aeropuertos y carreteras, entre otros. En nuestros países, esto se ve reflejado en inundaciones que destruyen comunidades enteras y dejan a las personas sin servicios básicos ni un lugar donde vivir. Con todo esto, es aquí donde se genera un vínculo con la industria de la construcción, del cemento, sobre todo. Nuestro rubro juega un rol fundamental, porque tenemos el deber de impulsar el desarrollo de infraestructuras resilientes que puedan sortear los efectos del cambio climático mientras los países y sus administraciones trabajan arduamente en generar instancias e inversiones para hacer frente a los efectos que genera todo esto, camino que está lejos de ser corto.
Con un aumento exponencial de los desastres naturales a nivel mundial, de acuerdo con el Banco Mundial, previo y durante un desastre natural es fundamental asegurar la resiliencia en infraestructura críticas, como energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte y telecomunicaciones, principalmente, porque su buen funcionamiento es fundamental para un país y sus comunidades. Asimismo, permitiría aminorar el impacto en las cadenas de suministro de alimentos y bienes de uso esencial, al mismo tiempo que permiten que las empresas fundamentales puedan seguir entregando sus servicios a la población, protegiendo el empleo y las familias que hay detrás de cada puesto de trabajo.
En términos locales, Guatemala está en proceso de agrandar su infraestructura. Si bien lo anterior muestra quizás un retraso en comparación con otros países, viéndolo desde otro punto de vista, es una oportunidad, porque nos permite concentrar los esfuerzos, hoy, en que la infraestructura que se levante tenga un componente importante en cuanto a su resiliencia, generando un beneficio directo e indirecto en la calidad de vida de las comunidades.
El foco tiene que estar en la infraestructura, porque es lo que nos sostiene y puede ayudar en el futuro para enfrentar las inclemencias del clima de mejor manera y seguir creciendo como país, como sociedad y como personas resilientes.
