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Inversión e Infraestructura

Competitividad territorial: un nuevo mapa del crecimiento en Guatemala

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

Competitividad territorial: un nuevo mapa del crecimiento en Guatemala

El Índice de Competitividad Local 2025 revela que Guatemala lleva dos décadas mejorando su desempeño productivo de forma sostenida y descentralizada, justo cuando el país está a un escalón del grado de inversión.

Según el Banco Mundial, Centroamérica lidera el crecimiento económico en América Latina con tasas superiores al promedio latinoamericano y Guatemala es parte de ese dinamismo, con una proyección de 3.7% para 2026. Pero hay una historia más larga detrás de esos números, y esa historia se mide municipio a municipio.

Hoy atravesamos un momento de oportunidad histórica en el que la estabilidad macroeconómica coincide, por fin, con un dinamismo que ya no se concentra solo en la capital. El Índice de Competitividad Local (ICL) 2025, elaborado por FUNDESA, confirma que el país ha logrado una mejora sostenida de 12.31 puntos en su competitividad global desde 2006.

No se trata de un salto coyuntural ni de un efecto estadístico: es la acumulación de casi dos décadas de decisiones técnicas, inversión territorial y gestión pública que ha sido, progresivamente, más eficiente. Y, lo verdaderamente estratégico de este avance es su naturaleza descentralizada: no es un crecimiento centralizado en la capital, sino un fortalecimiento de capacidades tanto en el área metropolitana como en nodos regionales.

Este fenómeno demuestra que Guatemala está construyendo una base de desarrollo descentralizada y resiliente, capaz de mantener el rumbo del crecimiento, a nivel país, de forma consistente. El hecho de que 35 municipios se encuentren ya en una franja de desempeño competitivo entre 60 y 80 puntos no es un dato menor: refleja un fortalecimiento concreto y verificable en la gestión pública local.

Esta es una ventaja que pocas economías de la región pueden mostrar: una competitividad que ya no depende de un solo nodo. Y es que cuando el crecimiento se sostiene en múltiples territorios, el riesgo país disminuye y la confianza del capital externo se consolida.

Pero, esta competitividad no avanza de manera uniforme. Mientras la infraestructura y el entorno económico mejoraron en 267 y 242 municipios, respectivamente, el dinamismo de negocios retrocedió en 287 municipios, siendo el pilar con mayor rezago del año. Esto, en otras palabras, significa que aunque el municipio esté «listo», el clima de negocios (certeza jurídica, burocracia, costos de apertura, seguridad) aún no opera al mismo ritmo.

Así, hay avances que dependen no solo de la gestión local, sino también de la coherencia entre lo que ocurre en el municipio y lo que impulsa el marco institucional nacional. Esto importa porque las calificadoras internacionales ya no evalúan únicamente si Guatemala puede pagar su deuda —eso ya está demostrado. Hoy miran la calidad de nuestras instituciones: la facilidad para hacer negocios, la certeza regulatoria, la eficiencia del Estado en el territorio.

El camino hacia el grado de inversión —tal como lo señalan Moody’s, Fitch y S&P en sus metodologías— depende precisamente de la consolidación de señales de gobernanza a nivel integral, donde la solidez institucional acompañe de forma consistente el dinamismo territorial que vivimos y el ICL 2025 evidencia. Por lo tanto, el siguiente paso debe ser consolidar una arquitectura institucional y judicial que garantice que las reglas del juego sean predecibles, permitiendo que la inversión a largo plazo eche raíces en todo el país.

Guatemala no improvisa, lleva dos décadas construyendo con visión y propósito desde los territorios. La evidencia de esto lo podemos consultar en: FUNDESA (https://www.fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local).

El tráfico ya no es un problema de movilidad, es un freno al desarrollo de Guatemala

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

El crecimiento del parque vehicular supera casi siete veces el de la red vial, una brecha que hoy le cuesta al país 1,300 horas al año por persona y cerca de Q25 mil millones en pérdidas económicas.

Históricamente, hemos cometido el error de ver el tráfico como un simple inconveniente de minutos perdidos frente al volante. Pero, las consecuencias ya no se miden solo en tiempo perdido, tan  solo en 2025, en el área metropolitana de Guatemala, se registraron más de 8 mil 800 hechos viales en el país, con más de 2 mil 400 personas fallecidas y casi 10 mil lesionadas, solo en un año.

Las cifras actuales nos obligan a aceptar una realidad algo distinta: ya no enfrentamos un problema de movilidad, sino una emergencia nacional que actúa como un freno estructural al desarrollo de nuestro país.

El último análisis de FUNDESA lo presenta bien. No se trata solo de que haya más carros que carreteras, aunque esto también es cierto, se trata de que mientras el parque vehicular crece al 9.6% anual, la red vial lo hace al 1.4%. Es decir, por cada kilómetro nuevo de calle que se construye, llegan casi siete vehículos adicionales a ocuparlo. 

El área metropolitana genera el 43% del PIB nacional, tan solo en 2023 creció 10.9%. Esto es una señal de vitalidad que hay que proteger. Porque una economía que crece a ese ritmo sobre una infraestructura que no la acompaña, termina pagando el precio en competitividad, en tiempo, en bienestar. 

Dos datos que ponen esto en perspectiva es que el departamento de Guatemala apenas tiene 25 centímetros de red vial por habitante. Además, un guatemalteco pierde en promedio 1 300 horas al año en el tráfico, esto además de implicar cansancio, son oportunidades que se quedan en el camino, lo que representa Q25 mil millones en costos económicos. 

Mientras no entendamos esto, seguiremos tomando decisiones de ciudad, como si el problema fuera de calles. Por lo tanto, un error que hay que evitar es buscar una solución única, lo que se necesita es una respuesta integrada que actúe en varios frentes al mismo tiempo. 

El primer frente es el transporte masivo. Guatemala ya tiene hoy proyectos concretos sobre la mesa: el Metro Línea Blanca con 20.5 kilómetros y 22 estaciones proyectadas – podría retirar 10 500 automóviles diarios y transportar más de 250 mil personas al día; el Aerometro como primera concesión municipal de transporte eléctrico, la ampliación del Transmetro. Ejecutarlos significará movernos con tiempos predecibles a un costo accesible.

El segundo, es la infraestructura logística. Gran parte del tráfico de carga pesada que hoy atraviesa la ciudad podría ser evitado. El Anillo Regional C-50, con sus ocho tramos, permitiría conectar Sanarte con Escuintla sin que los camiones de carga tengan que cruzar el área metropolitana. Es una inversión que libera capacidad vial sin saturar la ciudad.

El tercer frente, y quizá el más subestimado, es la vivienda. La ciudad genera más de 7 millones de viajes diarios, en gran parte porque las personas viven lejos de donde trabajan: la vivienda asequible está en la periferia y el empleo sigue concentrado en el centro. Mientras esa distancia no se reduzca, ninguna infraestructura vial será suficiente. 

Y, finalmente, el cuarto es institucional. El área metropolitana ya no es solo Ciudad de Guatemala, es una región de 44 municipios conurbados que vincula a al menos 5 millones de personas. Esta realidad no cuenta con una autoridad que gobierne como un todo, que planifique el territorio de manera integral, qué organice cómo se conecta la vivienda, el empleo, la planificación urbana.

Cada municipio resuelve su pedazo del problema sin que se resuelva el problema completo. Por lo tanto, una Autoridad Metropolitana de Transporte no es más burocracia: es la condición mínima para que las demás soluciones funcionen en conjunto. 

Guatemala tiene hoy más herramientas disponibles que en cualquier momento reciente. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria está aprobada; el Plan de Movilidad elaborado con la cooperación de Corea que nos ayuda a identificar los proyectos; las alianzas público-privadas tienen un marco legal. Por lo tanto, lo que falta no es diagnóstico ni hoja de ruta, es la decisión conjunta de tratarlo con la urgencia y seriedad que merece. La realidad es que un país que crece como el nuestro, no puede seguir destinando el 1.6% del PIB a infraestructura. 

En FUNDESA estamos convencidos de que el país tiene la capacidad de dar ese paso. No estamos hablando de resolver el tráfico, estamos hablando de decidir qué tipo de territorio queremos ser: uno que siga exigiendo a sus habitantes a que salgan más temprano cada año, o uno que tenga las condiciones para que esta y las siguientes generaciones vivan, trabajen y se muevan en una ciudad a la altura de lo que Guatemala puede ser.

2026: Un año para construir sobre lo avanzado

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

Con 183 municipios mejorando su competitividad, un crecimiento de 12.2% en inversión extranjera directa y marcos legales clave ya aprobados para infraestructura, Guatemala llega a 2026 con bases sólidas y el desafío claro de acelerar la ejecución.

Guatemala cuenta hoy con más claridad que nunca sobre el camino que debe recorrer. El año que dejamos atrás nos entregó datos precisos sobre dónde están nuestras fortalezas y brechas, marcos legales aprobados para acelerar inversión en infraestructura, y señales económicas que confirman nuestro potencial como destino competitivo en Centroamérica.

Pero 2026 no será un año más. Confluyen procesos de renovación institucional que ocurren una vez por generación, decisiones de inversión que pueden transformar nuestra logística, y la necesidad impostergable de pasar del diagnóstico a la ejecución. 

Este balance del 2025, más que mirar atrás, busca identificar sobre qué bases sólidas construir este año que comienza, y qué oportunidades críticas no podemos seguir posponiendo.

Los avances que nos impulsan

A finales de noviembre presentamos el Índice de Competitividad Local 2025, y los resultados confirman una tendencia positiva: 183 municipios mejoraron sus condiciones de competitividad, con avances notables en infraestructura (267 municipios), entorno económico (242), y salud (234).

Más allá de los números, lo que el ICL demuestra es que el desarrollo en nuestro país se sostiene sobre enfoque estratégico y colaboración. Municipios como Santa Catarina Pinula han escalado posiciones mediante apuestas concretas en seguridad y clima de negocios.Territorios en Quetzaltenango, Zacapa y El Progreso están emergiendo como nuevos polos de oportunidad.

Como señalé al presentar el índice: esto no es un ranking, es una herramienta para la acción. Los datos nos dicen que Guatemala tiene municipios con potencial real de desarrollo en distintas regiones del país, y que sabemos qué factores impulsan ese progreso. Ahora toca convertir ese conocimiento en políticas públicas y decisiones de inversión concretas que repliquen las buenas prácticas que ya están funcionando.

Esta mejora sostenida en condiciones territoriales no pasa desapercibida. La inversión extranjera directa creció 12.2% al tercer trimestre, alcanzando US$1,416 millones, con proyección de cerrar el año en US$1,875 millones. Este crecimiento en sectores como finanzas, manufactura y comercio confirma que mantenemos nuestro atractivo para capitales regionales e internacionales, y que el trabajo en competitividad local está generando resultados tangibles que los inversionistas reconocen y valoran.

Las oportunidades que nos convocan 

Para consolidar este momentum y traducir la confianza inversora en desarrollo sostenible, necesitamos resolver los cuellos de botella que aún limitan nuestra conectividad. Aquí es donde las decisiones que tomemos este año se vuelven determinantes.

La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en 2024 fue un logro legislativo significativo que tardó seis años en materializarse. Ahora estamos en la fase crítica de su implementación: hacer que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios opere con los recursos y la autonomía técnica que la ley contempla. El modelo de pagos por disponibilidad que propone puede transformar cómo Guatemala construye y mantiene carreteras de largo plazo, sin peajes, con estándares internacionales.

En materia portuaria, la ruta es igualmente clara. AGEXPORT ha estimado que con mejoras estructurales en dragado, digitalización y nuevos atracaderos se podrían generar ahorros de entre US$100 y US$217 millones entre 2025 y 2027. La cooperación con Estados Unidos para modernizar Puerto Quetzal y los proyectos de dragado en marcha son pasos en la dirección correcta que merecen acelerarse.

Y para ejecutar estas y otras inversiones críticas con la velocidad que el momento exige, tenemos un instrumento probado: la Ley de Alianzas Público-Privadas, vigente desde 2010, ofrece un marco probado internacionalmente para acelerar inversiones en infraestructura. La alianza público-privada anunciada para modernizar el aeropuerto La Aurora es un ejemplo del potencial de este modelo. Países como Colombia, Perú y Chile lo han usado exitosamente para cerrar brechas críticas. Guatemala puede hacer lo mismo si fortalecemos la capacidad técnica del Estado y generamos certeza jurídica que atraiga inversionistas comprometidos con el largo plazo.

2026: año de renovación y oportunidad

Pero, toda inversión en infraestructura física requiere un cimiento que la sostenga: instituciones sólidas que garanticen reglas claras, certeza jurídica y ejecución sostenida en el tiempo. Y precisamente en este aspecto, 2026 será un año definitorio.

Confluyen las elecciones del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Es una renovación institucional que ocurre una vez por generación.

Estos procesos representan una oportunidad para fortalecer las instituciones que garantizan Estado de derecho, elecciones transparentes y uso responsable de recursos públicos. La calidad de estas instituciones impacta directamente la confianza para invertir, la predictibilidad para planificar, y la legitimidad del sistema democrático. La ciudadanía organizada, el sector privado, la academia y la cooperación internacional tenemos la responsabilidad de acompañar estos procesos con propuestas técnicas rigurosas y escrutinio constructivo.

El camino está trazado

Desde FUNDESA, y a través de la agenda Guatemala No Se Detiene, seguimos trabajando con una meta clara: generar 2.5 millones de empleos, atraer más inversión extranjera, duplicar exportaciones y alcanzar un PIB per cápita de US$14,500 para 2032. Estos objetivos son alcanzables si mantenemos el rumbo y aceleramos la ejecución de lo ya aprobado.

El balance de 2025 nos dice que estamos construyendo sobre bases cada vez más sólidas. Tenemos datos para orientar decisiones, marcos legales para atraer inversión, y ejemplos concretos —tanto locales como regionales— de lo que funciona. El 2026 nos invita a convertir ese conocimiento en acción, con visión de largo plazo, colaboración público-privada, y confianza en que Guatemala tiene todo para consolidarse como protagonista del desarrollo centroamericano.

Así avanza la infraestructura: un diagnóstico semestral

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

Guatemala aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en enero y actualmente debate una nueva Ley Portuaria, pero los cuellos de botella institucionales y la falta de coordinación siguen postergando la materialización de proyectos clave.

Durante el primer semestre del año, el país ha mostrado señales mixtas. Por un lado, se observan avances concretos en sectores estructurales clave como infraestructura, pero, a su vez persisten desafíos institucionales para consolidar el potencial de estos avances. Hoy, más allá de un balance técnico, quiero reflexionar sobre si ¿estamos construyendo las condiciones para un desarrollo económico sostenible? 

La respuesta está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de transformar la planificación en ejecución efectiva. Como evidenciamos en el foro de perspectivas económicas y financieras 2025, la infraestructura es un pilar urgente para la estabilidad económica y hemos tenido grandes avances a nivel legal. La más importante ocurrió en enero, cuando entró en vigor la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para facilitar la inversión pública en el desarrollo y modernización de carreteras y caminos.

Sin embargo, enfocándonos en los cinco proyectos de esta ley. que desde FUNDESA consideramos principales CA-09 Norte y Sur, CA-02 Occidente y Oriente, Anillo Regional C-50, y Metro de Guatemala- por los que transita carga por US$13,279 millones en exportaciones y US$25,749 millones en importaciones, nos confronta con una realidad: tenemos la hoja de ruta, pero necesitamos acelerar el paso hacia la implementación.

La brecha entre planificación y ejecución sigue siendo el principal obstáculo, donde problemas como el derecho de vía y el flujo constante de efectivo para contratistas han provocado atrasos o hasta la inviabilidad de proyectos. Para la infraestructura física necesitamos infraestructura institucional, por ejemplo, como ha presentado Juan Carlos Zapata: procesos de licitación transparentes, coordinación eficiente entre entidades y mecanismos que generen confianza en inversionistas nacionales e internacionales.

En esa línea, el sector portuario ejemplifica perfectamente esta tensión entre marco legal y ejecución efectiva. La Ley General del Sistema Portuario que actualmente discute el Congreso propone crear una autoridad portuaria superior para agilizar inversiones y modernizar terminales. Sin embargo, como se presentó en el foro sobre el futuro de los puertos de Guatemala No Se Detiene, esa visión aún convive con una realidad marcada por cuellos de botella logísticos y falta de coordinación institucional. Mientras la discusión avanza en el plano legislativo, las limitaciones actuales siguen afectando la competitividad del país y postergando inversiones clave.

Ahora bien, para que iniciativas como estas leyes se conviertan en resultados concretos y positivos, necesitamos seguir impulsando la reforma al marco legal de alianzas público-privadas (APP). Una nueva Ley APP permitiría estructurar proyectos con mayor agilidad, seguridad jurídica y atractivo financiero para capital privado, especialmente en contextos donde la inversión pública no basta. 

Infraestructura física requiere infraestructura institucional, y esto implica marcos legales actualizados, capacidades técnicas sólidas, mecanismos, pero, sobre todo, decisión política que generen certidumbre para todos los actores involucrados.

Al final, lo que está en juego no es solo la ejecución de obras, sino la credibilidad del país como destino de inversión. Las leyes por sí solas no transforman realidades: deben acompañarse de visión intersectorial, coordinación efectiva y voluntad política. La pregunta que planteé al inicio encuentra aquí su verdadera prueba, y la respuesta dependerá no solo de lo que aprobemos en papel, sino de lo que logremos concretar sobre el terreno.

Aún estamos a tiempo de convertir este año en un punto de inflexión y pasar del diseño al impacto, para demostrar que Guatemala sí puede construir, con coherencia y decisión, un desarrollo económico sostenible. 

Talento humano: la pieza clave para la competitividad local

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

El 83% de municipios en Guatemala fortalece su fuerza laboral, creando la base territorial necesaria para convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible.

Nuestro país se encuentra ante una gran oportunidad. Según la presentación de Daniel González Sesmas, responsable de análisis económico para Centroamérica y República Dominicana, destacamos con un crecimiento del 742% en anuncios de inversión durante el primer trimestre de 2025, alcanzando US$194.5 millones frente a los US$23.1 millones del mismo período en 2024. Tal como anunció el Ministerio de Economía, buscamos consolidar un portafolio de inversión extranjera directa (IED) por más de US$1,600 millones, con la posibilidad de generar más de 10,700 empleos.

Este anuncio no solo confirma la confianza que despierta nuestro país en el entorno internacional, sino que lanza una pregunta crucial: ¿estamos preparados para sostener este crecimiento con talento local? La respuesta comienza a perfilarse desde el interior de nuestro territorio, donde, según el Índice de Competitividad Local 2024, el 83% (284) de nuestros municipios el año pasado, han dado pasos firmes hacia el fortalecimiento de su capital humano.

Este avance territorial se sustentó en acciones concretas el año pasado por parte de los municipios, desde la inversión sostenida en infraestructura educativa hasta la articulación directa con las demandas del mercado laboral. Por ejemplo, el INTECAP el año pasado alcanzó un ritmo récord de capacitación, preparando a más de 180,000 personas  en el primer semestre y operando a través de 33 centros especializados que abarcan desde gastronomía hasta mecánica avanzada.

Programas como estos en áreas diversas y alineadas con las necesidades del mercado, aseguran que nuestro país tenga el capital humano listo para ocupar los más de 10 mil empleos proyectados para este año.

La importancia de esto se sostiene en que la disponibilidad de una fuerza laboral capacitada reduce costos de formación para los inversionistas y acelera el inicio de operaciones. Este vínculo entre talento y competitividad se vuelve más relevante cuando se observa el panorama regional. El 47 % de las empresas en la región identifica la atracción y retención del talento como el factor de mayor impacto en sus operaciones en 2025, mientras que el 63 % considera que la capacitación y el entrenamiento constituyen el elemento más diferenciador en su oferta de valor. 

El desafío ahora es escalar esta transformación de forma estratégica y sostenida. Las inversiones proyectadas para este año representan una ventana de oportunidad que no podemos dejar pasar. Las empresas ya no buscan únicamente mano de obra: buscan ecosistemas integrales que combinen infraestructura confiable, instituciones sólidas y una fuerza laboral adaptable y calificada. En este contexto, Iniciativas como Guatemala No Se Detiene, que cuenta con una mesa específica de Capital Humano – resaltan la importancia de articular esfuerzos entre gobierno, sector privado y cooperación para robustecer este pilar tan fundamental para nuestro crecimiento.

La pregunta ya no es si estamos preparados para crecer, sino qué tan rápido podemos acelerar esta agenda de competitividad territorial. Como evidencia FUNDESA con el ICL 2024, los cimientos se están fortaleciendo municipio por municipio y aprovechar esta coyuntura requiere liderazgo compartido, visión de largo plazo y confianza en nuestra capacidad de transformar el desarrollo desde lo local. El momento es ahora.

 Índice de Competitividad Local (ICL) 2024. Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Disponible en: https://www.fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local 

Más allá del promedio: cómo los municipios pueden romper la inercia

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

Más del 80% de los municipios en Guatemala tienen potencial para mejorar su competitividad si se impulsa su capacidad institucional, digital y de infraestructura*.

Hace unos días me volví a encontrar con un dato de nuestro Índice de Competitividad Local 2024 que no ha dejado de rondar en mi mente: 278 de los 340 municipios de nuestro país se encuentran en la categoría intermedia de competitividad, con puntajes que oscilan entre los 40 y 60 puntos.

Aunque podría interpretarse como una señal de estancamiento, este también implica una oportunidad fundamental: más del 80% de Guatemala está en una etapa clave donde un pequeño impulso podría marcar una gran diferencia. Es decir, este amplio segmento de municipios constituye un terreno fértil para un rápido desarrollo si implementamos las políticas adecuadas.

Consideremos el caso de Estanzuela, en Zacapa, que ha logrado una puntuación sobresaliente de 90.99 en el pilar Instituciones. Este resultado refleja su compromiso con la gobernanza transparente, evidenciado, por ejemplo, por su reciente integración al proyecto Municipio Fiscalizado, la cual es una iniciativa impulsada por la Contraloría General de Cuentas que fomenta la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la fiscalización de recursos públicos. 

Un entorno institucional sólido actúa como la base sobre la cual pueden prosperar otros pilares de la competitividad, como la infraestructura, la innovación y el capital humano. Al mejorar la gestión pública, fomentar la transparencia y prevenir la corrupción, los recursos se utilizan de manera más efectiva y se generan condiciones favorables para el crecimiento empresarial a nivel local. Ya que al fortalecer nuestras instituciones ofrecemos garantías a los inversores.

A su vez, pensando en casos en donde la mejora de la infraestructura han resultado en inversiones exitosas, tenemos a San Bartolomé Milpas Altas en el departamento de Sacatepéquez, municipalidad que resaltó en el pilar Infraestructura con 84.27 puntos. Para este ejemplo retrocedamos a 2021, cuando la municipalidad inició la construcción paso a desnivel de la ruta CA-01 Occidente, un proyecto de más de 6 millones de quetzales, y, para 2023, ya había beneficiado a más de 8 mil 400 guatemaltecos.

Esto refleja la razón por nuestra apuesta inquebrantable por la inversión en infraestructura, en este caso vial: una sola decisión implica la mejora de la calidad de vida de una gran parte de guatemaltecos a la vez

Otro ejemplo notable es San Miguel Petapa del Departamento de Guatemala, que alcanzó la calificación máxima de 100 en el pilar Adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). En diciembre reconocimos a la municipalidad por su gran evolución en este pilar, como en el de sistema financiero. ¿Por qué debería importarnos? Desde una perspectiva económica, un alto índice de adopción tecnológica abre puertas a nuevas inversiones y, por tanto, al desarrollo del capital humano. Las empresas buscan ubicarse en localidades donde la conectividad y los servicios digitales sean robustos ya que promueven la implementación de modelos de negocio innovadores y una expansión hacia mercados internacionales.

En este sentido, San Miguel Petapa, al fortalecer su infraestructura digital y fomentar la adopción tecnológica, no solo optimiza su gestión local, sino que también se posiciona como un destino atractivo para el desarrollo empresarial y la innovación.

Estos ejemplos nos permiten comprender que el desarrollo local no depende exclusivamente de factores exógenos, sino fundamentalmente de la capacidad endógena de cada municipio para generar condiciones propicias para su crecimiento sostenible. Es decir, el apostar en la infraestructura y modernización de servicios públicos para potenciar la efectividad de la gestión municipal de los casos presentados, ha significado superar obstáculos y avanzar hacia mayores niveles de competitividad.

Entonces, la clave para transformar la realidad de los municipios guatemaltecos radica en identificar y potenciar aquellas capacidades internas que pueden desencadenar un desarrollo sostenido. Aprovechar estas ventanas de oportunidad requiere compromiso, visión y políticas públicas que impulsen el crecimiento desde adentro, para demostrar que un pequeño impulso puede desencadenar una mayor competitividad.

*Índice de Competitividad Local (ICL) 2024. Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Disponible en: https://www.fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local 

De los éxitos a las metas: La ruta del 2025

Por Inversión e Infraestructura

Sin duda, el 2024 nos dejó grandes logros y avances, pero también un camino desafiante e ilusionante para este 2025. 

Nuestro país tiene una enorme capacidad de resiliencia y gente con un talento excepcional. Es una alegría decir que hoy ya somos muchos los agentes que trabajamos unidos para garantizar que este potencial que nos caracteriza, se traduzca en un futuro próspero: empresas, instituciones, comunidades, líderes, expertos internacionales, Gobierno, etc. El camino es largo, pero cada paso dado con visión, esfuerzo y colaboración nos acerca a una sociedad más próspera. ¿Por dónde empezar en este 2025?

Son tres los temas que me gustaría destacar como resumen del año. En primer lugar, tenemos que seguir trabajando sobre la modernización de la infraestructura del país. Este es un asunto que debe ser atendido como prioridad; así lo hemos hecho en el 2024, y así debe seguir siendo en este nuevo periodo. La infraestructura es uno de los pilares fundamentales del progreso de una nación: atrae inversión extranjera directa, genera empleo, nos hace más competitivos y mejora la calidad de vida de todos los guatemaltecos.

Actualmente, contamos con un bajo promedio de eficiencia en inversión de infraestructura, lo que ha ralentizado nuestro crecimiento y desarrollo como país. Sin embargo, este panorama comienza a cambiar gracias a dos importantes logros alcanzados el año pasado. Uno de ellos es el Fondo Revolvente para la Preinversión en Infraestructura, una iniciativa que promete generar inversión en el sector de infraestructura, impulsando así mayores oportunidades de desarrollo. Este Fondo, lanzado en septiembre dentro del Plan Guatemala No Se Detiene, es el resultado de los esfuerzos del Gobierno junto con el apoyo de Fundesa y USAID. Con un capital inicial de siete millones de dólares, financiará estudios de preinversión en proyectos críticos de infraestructura, facilitando su ejecución y beneficiando a miles de guatemaltecos.

Continuando con este tema, saludamos el logro de la tan esperada Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Sin duda, este ha sido el gran hito del 2024 pues es una Ley que promete traer beneficios como la atracción de inversión y crecimiento económico; un nuevo modelo de gestión de la red vial que, por primera vez, responsabiliza a los operadores por su mantenimiento; y la modernización del derecho de vía. ¿El desafío que se aproxima? Dar los siguientes pasos para que se reglamente y entre en funcionamiento debidamente. 

Por otro lado, un tercer tema al que debemos tratar con atención es la eficiencia en nuestras instituciones del Estado, asunto sobre el que hemos venido reflexionando mucho en el 2024 y que es claro que  ayuda a potenciar la confianza por parte de los inversionistas extranjeros en nuestras tierras. Las empresas buscan establecerse en países de forma rápida y Guatemala presentaba desventaja en este aspecto, ya que se necesitaba un tiempo aproximado entre 8 meses a 2 años para que una empresa inicie operaciones, mientras que en otros países, como México, el proceso culmina en 2 a 3 meses. 

En octubre pasado, desarrollamos la décimo octava edición de ENADE 2024: “Cambiemos el Chip, Certeza Jurídica y Confianza en las Instituciones», la cual nos permitió conocer los pasos firmes que estamos dando en digitalización, gracias a la Ley Antitrámites. De esta forma, hemos logrado que el 83.2% del total de nuestros trámites ya se realicen en línea, reduciendo los procesos burocráticos para que se tornen más sencillos y transparentes y con ello, seguir avanzando en generar una mayor seguridad jurídica para los inversionistas.

El camino a seguir para el 2025 

Estos tres grandes logros del 2024 son ejemplos del compromiso de todo el tejido social, empresarial e institucional por transformar Guatemala. Este esfuerzo conjunto marca un frente claro de trabajo para este nuevo año: seguir impulsando nuestra infraestructura. Guatemala ya dio un avance importante en este aspecto con la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial, nuestro objetivo más importante ahora es asegurar su correcto funcionamiento para poder ver los tan anhelados cambios que necesitamos en nuestra infraestructura para crecer como nación. Cumpliendo esta meta aseguraremos un crecimiento sostenido de la inversión pública, y podremos alcanzar nuestro objetivo de superar el actual 1.7% y lograr un 6% en los próximos años.

Este ambicioso desafío requiere no sólo un enfoque estructurado y visionario, sino también la articulación efectiva entre el sector privado, el público y la sociedad civil. Solo a través de esta colaboración, que actúa como motor del cambio, podremos generar las transformaciones necesarias para construir una economía más dinámica y resiliente. Que este 2025 sea un nuevo año para redoblar esfuerzos, fortalecer alianzas y avanzar juntos hacia un futuro más próspero para todos.

Rumbo a 2030: Potenciando industrias y abordando desafíos de la región

Por Inversión e Infraestructura, Reflexiones

En el marco de la reciente conferencia de la Corporación Andina de Fomento (CAF) sobre América Latina y El Caribe, se han abordado temas cruciales que impactan directamente en el desarrollo sostenible de nuestra región. Como profesional y persona, me siento inspirado por el llamado a la acción que esta conferencia nos ha presentado, especialmente en áreas fundamentales como la variación del clima la energía sostenible, la seguridad alimentaria y la infraestructura resiliente.

Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, ha destacado la urgencia de proyectar planes a corto y largo plazo hasta 2026 y 2030. A pesar de las diversas estrategias implementadas en la región, los resultados actuales no cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Este llamado a la reflexión nos impulsa a reevaluar y fortalecer nuestros compromisos para lograr un progreso real y sostenible en la región.

En nuestro compromiso con el medio ambiente, reconocemos la necesidad apremiante de reducir los efectos de la variabilidad climática. En este sentido, abogamos por la protección de nuestras grandes selvas y la preservación de la diversidad ecológica que nos caracteriza. En Progreso, nos comprometemos a implementar prácticas ecoamigables en nuestras operaciones, buscando constantemente reducir nuestra huella de carbono y contribuir al equilibrio ambiental que tanto necesitamos. Además, a través de AgroProgreso, desde hace dos décadas, se ha impulsado la reforestación de más de 26 mil 40 hectáreas a nivel nacional de bosques, principalmente en las cuencas de ríos, lagos y en las zonas donde se tiene presencia. La transición hacia la energía sostenible es otro pilar esencial en nuestro compromiso con el desarrollo. Reconocemos la importancia de aprovechar los recursos naturales de manera responsable y eficiente, y estamos encaminados a lograr una transición progresiva.

Asimismo, la seguridad alimentaria es un desafío que nos toca de cerca, ya que según la evaluación nacional de la seguridad alimentaria del 2023, 4.6 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. A partir de ello, Progreso toma participación en encontrar soluciones. Teniendo en cuenta el papel crucial que desempeña el consumo de maíz en Guatemala como un importante vínculo social, surge el programa Sistema Milpa. Este, tiene como objetivo mejorar las cosechas de maíz, proporcionando seguridad alimentaria y nutricional a las familias participantes. La iniciativa se enfoca en la relevancia cultural, utilizando semillas criollas cultivadas por generaciones. A través de capacitaciones y asesoría técnica, los pequeños agricultores en San Juan Sacatepéquez pueden aumentar su productividad para hacer frente a la inseguridad alimentaria.

En adición, a través de AgroProgreso, nuestra iniciativa de responsabilidad social, nos embarcamos en programas de reforestación de las cuencas de los ríos. La unidad proyecta producir 838 mil 880 árboles anualmente, de los cuales el 82% serán para donaciones y reforestación y el resto serán comercializados para proyectos agroforestales que generen ingresos a Agro Progreso y fortalezcan la capacidad de autosuficiencia financiera de sus viveros forestales.

Al cierre de esta reflexión, me gustaría invitar a todos los actores de la región a unirse a nosotros en este viaje hacia un futuro más sostenible. En Progreso, creemos que cada acción, por más pequeña que sea, contribuye al desarrollo general. Así como la construcción de un edificio implica colocar ladrillo a ladrillo, la construcción de un futuro sostenible implica esfuerzos continuos y colaborativos.

Recordemos siempre nuestro compromiso con el progreso en todo lo que hacemos. En cada paso que damos hacia adelante, en cada proyecto que emprendemos, estamos construyendo un futuro mejor para las generaciones venideras. La analogía de la construcción nos recuerda que, al igual que un edificio sólido se levanta con cimientos fuertes, nuestro progreso se construye sobre la base de decisiones sostenibles y acciones responsables. ¡Avancemos juntos hacia un futuro más sostenible y próspero para Centroamérica y El Caribe!