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Guatemala a un escalón del grado de inversión: ¿Qué tenemos y qué nos falta?

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

Guatemala a un escalón del grado de inversión: ¿Qué tenemos y qué nos falta?

Con la deuda pública más baja de América Latina y a un escalón del grado de inversión, Guatemala enfrenta ahora un reto distinto: convertir su estabilidad macroeconómica en una plataforma para acelerar inversión, competitividad y desarrollo.

Hay momentos en que las fortalezas de un país también pueden convertirse en sus mayores dilemas. Guatemala podría estar entrando en uno de esos momentos.

Durante décadas, el país ha construido con disciplina uno de sus activos más valiosos: la estabilidad macroeconómica. Hoy tenemos la deuda pública neta más baja de América Latina, equivalente al 26.8% del PIB; las tres principales calificadoras de riesgo  —S&P, Fitch y Moody’s—  nos ubican a un solo escalón del grado de inversión; y proyectamos un crecimiento económico cercano al 4% este año, casi el doble del promedio regional. Estos datos son señales de confianza construidas a lo largo del tiempo.

Precisamente por haber cuidado llegar a esa estabilidad durante tantos años, hoy Guatemala tiene margen de maniobra. Y es aquí donde la situación se vuelve retadora, porque debemos pasar de proteger la estabilidad que hemos construido a utilizarla estratégicamente, evitando que la cautela que nos permitió alcanzarla termine limitando las oportunidades que como país hemos generado.

Hoy existe bastante claridad sobre cuáles son las brechas que siguen limitando ese salto. Las principales calificadoras coinciden en que Guatemala ya tiene reconocidas fortalezas macroeconómicas excepcionales. El reto pendiente está ahora en otros frentes: fortalecer la capacidad institucional, acelerar la inversión en infraestructura y ampliar la capacidad del Estado para sostener competitividad y crecimiento de largo plazo.

Y, en un entorno internacional cada vez más exigente en materia de transparencia, cumplimiento y gobernanza, avanzar en estos temas no es opcional. No cerrar estas brechas tiene costos directos, tales como, mayor exposición a riesgos reputacionales, posibles restricciones en el acceso a financiamiento y una pérdida de confianza por parte de inversionistas y organismos multilaterales. Como se ha señalado recientemente desde distintos espacios técnicos y empresariales, debilitar esfuerzos asociados al cumplimiento de estándares internacionales —particularmente en materia de prevención del lavado de dinero— podría erosionar parte de la credibilidad institucional que hoy representa una de las principales fortalezas competitivas de Guatemala. 

Desde FUNDESA, hemos sistematizado en detalle las reformas concretas que cada calificadora requiere para ese salto, el diagnóstico es claro y los instrumentos están identificados. El propio FMI ha señalado que contamos con espacio fiscal para financiar mayores niveles de inversión pública productiva sin comprometer la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, seguimos invirtiendo alrededor del 16% o 17% del PIB, lejos del promedio global cercano al 25%. Esa diferencia genera infraestructura insuficiente, costos logísticos elevados y brechas sociales que terminan limitando la productividad, competitividad y oportunidades. 

Cerrar esa brecha no significa abandonar la disciplina macroeconómica que tanto nos ha costado construir, significa entender que la prudencia financiera y la inversión estratégica son conceptos que van de la mano. El siguiente paso natural de una economía estable es aprovechar esa fortaleza para destrabar capacidades, modernizar la infraestructura y ampliar las condiciones para crecer de manera sostenida. 

Y lo más importante es que no partimos de cero. Como comentaba en otro artículo, el ICL 2025 de FUNDESA refleja que el país ha mejorado de manera sostenida su competitividad territorial durante casi dos décadas. Hoy ya existen 35 municipios operando en franjas de alto desempeño competitivo.

El mercado internacional ya reconoce la estabilidad macroeconómica de Guatemala. Lo que está en evaluación ahora es algo más complejo y decisivo: nuestra capacidad de transformar esa estabilidad en institucionalidad, infraestructura, productividad y confianza de largo plazo. Porque la siguiente etapa del país ya no depende únicamente de proteger lo que hemos construido, depende de nuestra capacidad de ejecutar sobre ello.

Competitividad territorial: un nuevo mapa del crecimiento en Guatemala

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

Competitividad territorial: un nuevo mapa del crecimiento en Guatemala

El Índice de Competitividad Local 2025 revela que Guatemala lleva dos décadas mejorando su desempeño productivo de forma sostenida y descentralizada, justo cuando el país está a un escalón del grado de inversión.

Según el Banco Mundial, Centroamérica lidera el crecimiento económico en América Latina con tasas superiores al promedio latinoamericano y Guatemala es parte de ese dinamismo, con una proyección de 3.7% para 2026. Pero hay una historia más larga detrás de esos números, y esa historia se mide municipio a municipio.

Hoy atravesamos un momento de oportunidad histórica en el que la estabilidad macroeconómica coincide, por fin, con un dinamismo que ya no se concentra solo en la capital. El Índice de Competitividad Local (ICL) 2025, elaborado por FUNDESA, confirma que el país ha logrado una mejora sostenida de 12.31 puntos en su competitividad global desde 2006.

No se trata de un salto coyuntural ni de un efecto estadístico: es la acumulación de casi dos décadas de decisiones técnicas, inversión territorial y gestión pública que ha sido, progresivamente, más eficiente. Y, lo verdaderamente estratégico de este avance es su naturaleza descentralizada: no es un crecimiento centralizado en la capital, sino un fortalecimiento de capacidades tanto en el área metropolitana como en nodos regionales.

Este fenómeno demuestra que Guatemala está construyendo una base de desarrollo descentralizada y resiliente, capaz de mantener el rumbo del crecimiento, a nivel país, de forma consistente. El hecho de que 35 municipios se encuentren ya en una franja de desempeño competitivo entre 60 y 80 puntos no es un dato menor: refleja un fortalecimiento concreto y verificable en la gestión pública local.

Esta es una ventaja que pocas economías de la región pueden mostrar: una competitividad que ya no depende de un solo nodo. Y es que cuando el crecimiento se sostiene en múltiples territorios, el riesgo país disminuye y la confianza del capital externo se consolida.

Pero, esta competitividad no avanza de manera uniforme. Mientras la infraestructura y el entorno económico mejoraron en 267 y 242 municipios, respectivamente, el dinamismo de negocios retrocedió en 287 municipios, siendo el pilar con mayor rezago del año. Esto, en otras palabras, significa que aunque el municipio esté «listo», el clima de negocios (certeza jurídica, burocracia, costos de apertura, seguridad) aún no opera al mismo ritmo.

Así, hay avances que dependen no solo de la gestión local, sino también de la coherencia entre lo que ocurre en el municipio y lo que impulsa el marco institucional nacional. Esto importa porque las calificadoras internacionales ya no evalúan únicamente si Guatemala puede pagar su deuda —eso ya está demostrado. Hoy miran la calidad de nuestras instituciones: la facilidad para hacer negocios, la certeza regulatoria, la eficiencia del Estado en el territorio.

El camino hacia el grado de inversión —tal como lo señalan Moody’s, Fitch y S&P en sus metodologías— depende precisamente de la consolidación de señales de gobernanza a nivel integral, donde la solidez institucional acompañe de forma consistente el dinamismo territorial que vivimos y el ICL 2025 evidencia. Por lo tanto, el siguiente paso debe ser consolidar una arquitectura institucional y judicial que garantice que las reglas del juego sean predecibles, permitiendo que la inversión a largo plazo eche raíces en todo el país.

Guatemala no improvisa, lleva dos décadas construyendo con visión y propósito desde los territorios. La evidencia de esto lo podemos consultar en: FUNDESA (https://www.fundesa.org.gt/indices-y-evaluaciones-de-pais/indice-de-competitividad-local).

El tráfico ya no es un problema de movilidad, es un freno al desarrollo de Guatemala

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

El crecimiento del parque vehicular supera casi siete veces el de la red vial, una brecha que hoy le cuesta al país 1,300 horas al año por persona y cerca de Q25 mil millones en pérdidas económicas.

Históricamente, hemos cometido el error de ver el tráfico como un simple inconveniente de minutos perdidos frente al volante. Pero, las consecuencias ya no se miden solo en tiempo perdido, tan  solo en 2025, en el área metropolitana de Guatemala, se registraron más de 8 mil 800 hechos viales en el país, con más de 2 mil 400 personas fallecidas y casi 10 mil lesionadas, solo en un año.

Las cifras actuales nos obligan a aceptar una realidad algo distinta: ya no enfrentamos un problema de movilidad, sino una emergencia nacional que actúa como un freno estructural al desarrollo de nuestro país.

El último análisis de FUNDESA lo presenta bien. No se trata solo de que haya más carros que carreteras, aunque esto también es cierto, se trata de que mientras el parque vehicular crece al 9.6% anual, la red vial lo hace al 1.4%. Es decir, por cada kilómetro nuevo de calle que se construye, llegan casi siete vehículos adicionales a ocuparlo. 

El área metropolitana genera el 43% del PIB nacional, tan solo en 2023 creció 10.9%. Esto es una señal de vitalidad que hay que proteger. Porque una economía que crece a ese ritmo sobre una infraestructura que no la acompaña, termina pagando el precio en competitividad, en tiempo, en bienestar. 

Dos datos que ponen esto en perspectiva es que el departamento de Guatemala apenas tiene 25 centímetros de red vial por habitante. Además, un guatemalteco pierde en promedio 1 300 horas al año en el tráfico, esto además de implicar cansancio, son oportunidades que se quedan en el camino, lo que representa Q25 mil millones en costos económicos. 

Mientras no entendamos esto, seguiremos tomando decisiones de ciudad, como si el problema fuera de calles. Por lo tanto, un error que hay que evitar es buscar una solución única, lo que se necesita es una respuesta integrada que actúe en varios frentes al mismo tiempo. 

El primer frente es el transporte masivo. Guatemala ya tiene hoy proyectos concretos sobre la mesa: el Metro Línea Blanca con 20.5 kilómetros y 22 estaciones proyectadas – podría retirar 10 500 automóviles diarios y transportar más de 250 mil personas al día; el Aerometro como primera concesión municipal de transporte eléctrico, la ampliación del Transmetro. Ejecutarlos significará movernos con tiempos predecibles a un costo accesible.

El segundo, es la infraestructura logística. Gran parte del tráfico de carga pesada que hoy atraviesa la ciudad podría ser evitado. El Anillo Regional C-50, con sus ocho tramos, permitiría conectar Sanarte con Escuintla sin que los camiones de carga tengan que cruzar el área metropolitana. Es una inversión que libera capacidad vial sin saturar la ciudad.

El tercer frente, y quizá el más subestimado, es la vivienda. La ciudad genera más de 7 millones de viajes diarios, en gran parte porque las personas viven lejos de donde trabajan: la vivienda asequible está en la periferia y el empleo sigue concentrado en el centro. Mientras esa distancia no se reduzca, ninguna infraestructura vial será suficiente. 

Y, finalmente, el cuarto es institucional. El área metropolitana ya no es solo Ciudad de Guatemala, es una región de 44 municipios conurbados que vincula a al menos 5 millones de personas. Esta realidad no cuenta con una autoridad que gobierne como un todo, que planifique el territorio de manera integral, qué organice cómo se conecta la vivienda, el empleo, la planificación urbana.

Cada municipio resuelve su pedazo del problema sin que se resuelva el problema completo. Por lo tanto, una Autoridad Metropolitana de Transporte no es más burocracia: es la condición mínima para que las demás soluciones funcionen en conjunto. 

Guatemala tiene hoy más herramientas disponibles que en cualquier momento reciente. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria está aprobada; el Plan de Movilidad elaborado con la cooperación de Corea que nos ayuda a identificar los proyectos; las alianzas público-privadas tienen un marco legal. Por lo tanto, lo que falta no es diagnóstico ni hoja de ruta, es la decisión conjunta de tratarlo con la urgencia y seriedad que merece. La realidad es que un país que crece como el nuestro, no puede seguir destinando el 1.6% del PIB a infraestructura. 

En FUNDESA estamos convencidos de que el país tiene la capacidad de dar ese paso. No estamos hablando de resolver el tráfico, estamos hablando de decidir qué tipo de territorio queremos ser: uno que siga exigiendo a sus habitantes a que salgan más temprano cada año, o uno que tenga las condiciones para que esta y las siguientes generaciones vivan, trabajen y se muevan en una ciudad a la altura de lo que Guatemala puede ser.

2026: Un año para construir sobre lo avanzado

Por IDEAS, Inversión e Infraestructura

Con 183 municipios mejorando su competitividad, un crecimiento de 12.2% en inversión extranjera directa y marcos legales clave ya aprobados para infraestructura, Guatemala llega a 2026 con bases sólidas y el desafío claro de acelerar la ejecución.

Guatemala cuenta hoy con más claridad que nunca sobre el camino que debe recorrer. El año que dejamos atrás nos entregó datos precisos sobre dónde están nuestras fortalezas y brechas, marcos legales aprobados para acelerar inversión en infraestructura, y señales económicas que confirman nuestro potencial como destino competitivo en Centroamérica.

Pero 2026 no será un año más. Confluyen procesos de renovación institucional que ocurren una vez por generación, decisiones de inversión que pueden transformar nuestra logística, y la necesidad impostergable de pasar del diagnóstico a la ejecución. 

Este balance del 2025, más que mirar atrás, busca identificar sobre qué bases sólidas construir este año que comienza, y qué oportunidades críticas no podemos seguir posponiendo.

Los avances que nos impulsan

A finales de noviembre presentamos el Índice de Competitividad Local 2025, y los resultados confirman una tendencia positiva: 183 municipios mejoraron sus condiciones de competitividad, con avances notables en infraestructura (267 municipios), entorno económico (242), y salud (234).

Más allá de los números, lo que el ICL demuestra es que el desarrollo en nuestro país se sostiene sobre enfoque estratégico y colaboración. Municipios como Santa Catarina Pinula han escalado posiciones mediante apuestas concretas en seguridad y clima de negocios.Territorios en Quetzaltenango, Zacapa y El Progreso están emergiendo como nuevos polos de oportunidad.

Como señalé al presentar el índice: esto no es un ranking, es una herramienta para la acción. Los datos nos dicen que Guatemala tiene municipios con potencial real de desarrollo en distintas regiones del país, y que sabemos qué factores impulsan ese progreso. Ahora toca convertir ese conocimiento en políticas públicas y decisiones de inversión concretas que repliquen las buenas prácticas que ya están funcionando.

Esta mejora sostenida en condiciones territoriales no pasa desapercibida. La inversión extranjera directa creció 12.2% al tercer trimestre, alcanzando US$1,416 millones, con proyección de cerrar el año en US$1,875 millones. Este crecimiento en sectores como finanzas, manufactura y comercio confirma que mantenemos nuestro atractivo para capitales regionales e internacionales, y que el trabajo en competitividad local está generando resultados tangibles que los inversionistas reconocen y valoran.

Las oportunidades que nos convocan 

Para consolidar este momentum y traducir la confianza inversora en desarrollo sostenible, necesitamos resolver los cuellos de botella que aún limitan nuestra conectividad. Aquí es donde las decisiones que tomemos este año se vuelven determinantes.

La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en 2024 fue un logro legislativo significativo que tardó seis años en materializarse. Ahora estamos en la fase crítica de su implementación: hacer que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios opere con los recursos y la autonomía técnica que la ley contempla. El modelo de pagos por disponibilidad que propone puede transformar cómo Guatemala construye y mantiene carreteras de largo plazo, sin peajes, con estándares internacionales.

En materia portuaria, la ruta es igualmente clara. AGEXPORT ha estimado que con mejoras estructurales en dragado, digitalización y nuevos atracaderos se podrían generar ahorros de entre US$100 y US$217 millones entre 2025 y 2027. La cooperación con Estados Unidos para modernizar Puerto Quetzal y los proyectos de dragado en marcha son pasos en la dirección correcta que merecen acelerarse.

Y para ejecutar estas y otras inversiones críticas con la velocidad que el momento exige, tenemos un instrumento probado: la Ley de Alianzas Público-Privadas, vigente desde 2010, ofrece un marco probado internacionalmente para acelerar inversiones en infraestructura. La alianza público-privada anunciada para modernizar el aeropuerto La Aurora es un ejemplo del potencial de este modelo. Países como Colombia, Perú y Chile lo han usado exitosamente para cerrar brechas críticas. Guatemala puede hacer lo mismo si fortalecemos la capacidad técnica del Estado y generamos certeza jurídica que atraiga inversionistas comprometidos con el largo plazo.

2026: año de renovación y oportunidad

Pero, toda inversión en infraestructura física requiere un cimiento que la sostenga: instituciones sólidas que garanticen reglas claras, certeza jurídica y ejecución sostenida en el tiempo. Y precisamente en este aspecto, 2026 será un año definitorio.

Confluyen las elecciones del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Es una renovación institucional que ocurre una vez por generación.

Estos procesos representan una oportunidad para fortalecer las instituciones que garantizan Estado de derecho, elecciones transparentes y uso responsable de recursos públicos. La calidad de estas instituciones impacta directamente la confianza para invertir, la predictibilidad para planificar, y la legitimidad del sistema democrático. La ciudadanía organizada, el sector privado, la academia y la cooperación internacional tenemos la responsabilidad de acompañar estos procesos con propuestas técnicas rigurosas y escrutinio constructivo.

El camino está trazado

Desde FUNDESA, y a través de la agenda Guatemala No Se Detiene, seguimos trabajando con una meta clara: generar 2.5 millones de empleos, atraer más inversión extranjera, duplicar exportaciones y alcanzar un PIB per cápita de US$14,500 para 2032. Estos objetivos son alcanzables si mantenemos el rumbo y aceleramos la ejecución de lo ya aprobado.

El balance de 2025 nos dice que estamos construyendo sobre bases cada vez más sólidas. Tenemos datos para orientar decisiones, marcos legales para atraer inversión, y ejemplos concretos —tanto locales como regionales— de lo que funciona. El 2026 nos invita a convertir ese conocimiento en acción, con visión de largo plazo, colaboración público-privada, y confianza en que Guatemala tiene todo para consolidarse como protagonista del desarrollo centroamericano.

Prensa Libre | José Miguel Torrebiarte: “Es urgente mejorar las notas de riesgo país”

Por Sala de prensa

El jueves 10 de octubre, Fundesa llevó a cabo el evento anual más importante, inclusivo y participativo del sector privado, el ENADE 2024. Bajo la temática “Certeza jurídica: un estado digital y transparente para un país más eficiente”, tanto el sector privado organizado, el sector público, organizaciones multisectoriales, la academia, entre otros, se reunieron para discutir sobre el panorama actual de la certeza jurídica y la digitalización en el país, así como también propuestas que contribuyan al avance de estos factores.

La jornada fue exitosa, destacando participaciones como la del presidente Bernardo Arévalo y el ex presidente de Estonia, Toomas Ilves, y conversaciones que han marcado el punto de partida para seguir fomentando soluciones colaborativas en torno a la digitalización. Entre ellas, se habla de un pacto por la transparencia y la formación de comisiones conjuntas, impulsado por el eje de certeza jurídica de Guatemala No Se Detiene (GNSD).

“¿Cuál es el deseo de hacia dónde queremos llegar? Ser el país más atractivo para la inversión de Centroamérica y el Caribe; un Estado 100 por ciento digital, pero con la función de atraer inversión y generar empleo.”

  • José Miguel Torrebiarte

 

El clima de negocios del 2024 es positivo, y Torrebiarte ve con optimismo el cierre del mismo. Pero es indiscutible que a Guatemala le falta concentrar esfuerzos para garantizar certeza jurídica, lo cual se ve reflejado en la percepción que se tiene del país a partir de índices de Transparencia Internacional. Para ello, instituciones como Fundesa proponen el desarrollo de un estado 100% digital, que permita ser más ágiles, acceder a todos los servicios, otorgar una identidad digital, entre otros elementos. 

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EH+ Do | Guatemala evalúa experiencias internacionales en saneamiento de agua con APP

Por Sala de prensa

En el marco del República Summit 2024: Agua limpia, desarrollo humano, el medio EH+ de República Dominicana se sumó a la lista de invitados para conversar sobre la importancia de las propuestas que instituciones como Fundesa, presentan en torno a la gestión de este recurso en Guatemala.

En la entrevista dirigida por Ricardo Yen a José Miguel Torrebiarte, se expusieron diversos puntos clave para lograr la misión de que todos los guatemaltecos gocen de un sistema de agua y saneamiento óptimo para su bienestar y desarrollo.

Entre los principales factores está seguir impulsando las alianzas público-privadas como catalizador de propuestas efectivas y exitosas. Teniendo como referencia experiencias internacionales como las de Colombia y República Dominicana, José Miguel enfatizó en la necesidad de evaluar esos modelos para replicarlos y adaptarlos a lo que Guatemala necesita. 

Al mismo tiempo, puntualizó que esa aspiración no se trata de un gobierno de turno, más bien de un proyecto de país y que “tenemos que estar todos comprometidos con el largo plazo”. Por último, recalcó que este recurso líquido atraviesa por desafíos críticos, donde el 95 % de las aguas superficiales están contaminadas pese a la gran generación de litros de agua.

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República | José Miguel Torrebiarte: todos los guatemaltecos deben tener acceso a agua limpia y potable

Por Sala de prensa

El medio digital República, la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) organizaron recientemente el República Summit 2024 «Agua Limpia, Desarrollo Humano». Este evento puso en el centro de la conversación la problemática que enfrenta Guatemala en torno a la gestión y tratamiento del agua en el país, pero sobre todo, las soluciones que se pueden implementar para superarla.

Las cifras reflejan una realidad desafiante: 

  • Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que el 44% de los guatemaltecos no tiene acceso seguro al agua potable.
  • El 90% de las fuentes de agua están contaminadas, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
  • Según la OPS, se producen aproximadamente 97.000 millones de metros cúbicos de agua.

Para ello, es necesario un enfoque colaborativo y multisectorial que permita definir una hoja de ruta en temas como la accesibilidad a agua potable, una extracción y abastecimiento sostenible de agua dulce, y el fortalecimiento de la participación de las comunidades locales en la mejor gestión del agua y saneamiento. 

«Guatemala tiene producciones naturales que le permiten disponer de una cantidad considerable de agua. La calidad del agua es determinante para la salud pública y su deterioro afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, impidiendo su desarrollo.” Dentro de esta conversación, se mencionó la voluntad del Ejecutivo de retomar la “construcción” de una Ley del Agua, comunicada hace unas semanas atrás. Además de ello, se discutió sobre los siguientes pasos de la conformación del Gabinete de Agua, el cual es liderado por la Vicepresidente, Karin Herrera, y del cual se espera la convocatoria para iniciar las mesas de trabajo en algunas semanas más.

Este foro fue un primer paso para que autoridades, sector privado y sociedad civil propongan y lleguen a acuerdos sobre la tan discutida ley de aguas.

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E&N | FUNDESA elige al empresario José Miguel Torrebiarte como su presidente

Por Sala de prensa

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) ha anunciado la lista de los nuevos líderes que formarán parte del Consejo de Fiduciarios, marcando un hito importante en su historia. José Miguel Torrebiarte, reconocido como uno de los empresarios más confiables de Centroamérica y actual secretario de la Junta Directiva de la centenaria Progreso, asumirá el rol de presidente.

 

Ante el anuncio, Torrebiarte expresó su gratitud y destacó que “los esfuerzos de FUNDESA por desarrollar iniciativas enfocadas en fortalecer la capacidad del Estado guatemalteco para aumentar la inversión (…) son vitales para transformar a Guatemala, y esto solo se logra manteniendo el apoyo decidido de más empresarios que confían en el desarrollo económico y social del país”.

 

Junto a él, se suman Juan Monge y Gabriela Roca como vicepresidentes, Pedro Mendoza como secretario, y Luis Prado como tesorero. En conjunto, estos líderes continuarán impulsando una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada en el fortalecimiento institucional, abordando los principales retos en educación, salud, seguridad e infraestructura del país.

 

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República | José Miguel Torrebiarte es elegido nuevo Presidente de FUNDESA

Por Sala de prensa

José Miguel Torrebiarte ha sido designado como presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) para el próximo periodo, según anunció la organización en sus redes sociales, marcando un hito significativo en su historia.

Acompañando a Torrebiarte, otros destacados líderes empresariales se integran al Consejo de Fiduciarios, aportando una valiosa experiencia y un firme compromiso con la misión de FUNDESA de promover el desarrollo sostenible y fortalecer la competitividad nacional.

 

La composición del Consejo de Fiduciarios para el periodo 2024 – 2025 es la siguiente:

  • Presidente: José Miguel Torrebiarte
  • Vicepresidente I: Juan Monge
  • Vicepresidente II: Gabriela Roca
  • Secretario: Pedro Mendoza
  • Tesorero: Luis Prado

 

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