Con 183 municipios mejorando su competitividad, un crecimiento de 12.2% en inversión extranjera directa y marcos legales clave ya aprobados para infraestructura, Guatemala llega a 2026 con bases sólidas y el desafío claro de acelerar la ejecución.
Guatemala cuenta hoy con más claridad que nunca sobre el camino que debe recorrer. El año que dejamos atrás nos entregó datos precisos sobre dónde están nuestras fortalezas y brechas, marcos legales aprobados para acelerar inversión en infraestructura, y señales económicas que confirman nuestro potencial como destino competitivo en Centroamérica.
Pero 2026 no será un año más. Confluyen procesos de renovación institucional que ocurren una vez por generación, decisiones de inversión que pueden transformar nuestra logística, y la necesidad impostergable de pasar del diagnóstico a la ejecución.
Este balance del 2025, más que mirar atrás, busca identificar sobre qué bases sólidas construir este año que comienza, y qué oportunidades críticas no podemos seguir posponiendo.
Los avances que nos impulsan
A finales de noviembre presentamos el Índice de Competitividad Local 2025, y los resultados confirman una tendencia positiva: 183 municipios mejoraron sus condiciones de competitividad, con avances notables en infraestructura (267 municipios), entorno económico (242), y salud (234).
Más allá de los números, lo que el ICL demuestra es que el desarrollo en nuestro país se sostiene sobre enfoque estratégico y colaboración. Municipios como Santa Catarina Pinula han escalado posiciones mediante apuestas concretas en seguridad y clima de negocios.Territorios en Quetzaltenango, Zacapa y El Progreso están emergiendo como nuevos polos de oportunidad.
Como señalé al presentar el índice: esto no es un ranking, es una herramienta para la acción. Los datos nos dicen que Guatemala tiene municipios con potencial real de desarrollo en distintas regiones del país, y que sabemos qué factores impulsan ese progreso. Ahora toca convertir ese conocimiento en políticas públicas y decisiones de inversión concretas que repliquen las buenas prácticas que ya están funcionando.
Esta mejora sostenida en condiciones territoriales no pasa desapercibida. La inversión extranjera directa creció 12.2% al tercer trimestre, alcanzando US$1,416 millones, con proyección de cerrar el año en US$1,875 millones. Este crecimiento en sectores como finanzas, manufactura y comercio confirma que mantenemos nuestro atractivo para capitales regionales e internacionales, y que el trabajo en competitividad local está generando resultados tangibles que los inversionistas reconocen y valoran.
Las oportunidades que nos convocan
Para consolidar este momentum y traducir la confianza inversora en desarrollo sostenible, necesitamos resolver los cuellos de botella que aún limitan nuestra conectividad. Aquí es donde las decisiones que tomemos este año se vuelven determinantes.
La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en 2024 fue un logro legislativo significativo que tardó seis años en materializarse. Ahora estamos en la fase crítica de su implementación: hacer que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios opere con los recursos y la autonomía técnica que la ley contempla. El modelo de pagos por disponibilidad que propone puede transformar cómo Guatemala construye y mantiene carreteras de largo plazo, sin peajes, con estándares internacionales.
En materia portuaria, la ruta es igualmente clara. AGEXPORT ha estimado que con mejoras estructurales en dragado, digitalización y nuevos atracaderos se podrían generar ahorros de entre US$100 y US$217 millones entre 2025 y 2027. La cooperación con Estados Unidos para modernizar Puerto Quetzal y los proyectos de dragado en marcha son pasos en la dirección correcta que merecen acelerarse.
Y para ejecutar estas y otras inversiones críticas con la velocidad que el momento exige, tenemos un instrumento probado: la Ley de Alianzas Público-Privadas, vigente desde 2010, ofrece un marco probado internacionalmente para acelerar inversiones en infraestructura. La alianza público-privada anunciada para modernizar el aeropuerto La Aurora es un ejemplo del potencial de este modelo. Países como Colombia, Perú y Chile lo han usado exitosamente para cerrar brechas críticas. Guatemala puede hacer lo mismo si fortalecemos la capacidad técnica del Estado y generamos certeza jurídica que atraiga inversionistas comprometidos con el largo plazo.
2026: año de renovación y oportunidad
Pero, toda inversión en infraestructura física requiere un cimiento que la sostenga: instituciones sólidas que garanticen reglas claras, certeza jurídica y ejecución sostenida en el tiempo. Y precisamente en este aspecto, 2026 será un año definitorio.
Confluyen las elecciones del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Es una renovación institucional que ocurre una vez por generación.
Estos procesos representan una oportunidad para fortalecer las instituciones que garantizan Estado de derecho, elecciones transparentes y uso responsable de recursos públicos. La calidad de estas instituciones impacta directamente la confianza para invertir, la predictibilidad para planificar, y la legitimidad del sistema democrático. La ciudadanía organizada, el sector privado, la academia y la cooperación internacional tenemos la responsabilidad de acompañar estos procesos con propuestas técnicas rigurosas y escrutinio constructivo.
El camino está trazado
Desde FUNDESA, y a través de la agenda Guatemala No Se Detiene, seguimos trabajando con una meta clara: generar 2.5 millones de empleos, atraer más inversión extranjera, duplicar exportaciones y alcanzar un PIB per cápita de US$14,500 para 2032. Estos objetivos son alcanzables si mantenemos el rumbo y aceleramos la ejecución de lo ya aprobado.
El balance de 2025 nos dice que estamos construyendo sobre bases cada vez más sólidas. Tenemos datos para orientar decisiones, marcos legales para atraer inversión, y ejemplos concretos —tanto locales como regionales— de lo que funciona. El 2026 nos invita a convertir ese conocimiento en acción, con visión de largo plazo, colaboración público-privada, y confianza en que Guatemala tiene todo para consolidarse como protagonista del desarrollo centroamericano.
Consideremos el caso de Estanzuela, en Zacapa, que ha logrado una puntuación sobresaliente de 90.99 en el pilar Instituciones. Este resultado refleja su compromiso con la gobernanza transparente, evidenciado, por ejemplo, por su 
