Cuando escuchamos hablar de “seguridad alimentaria”, es posible que pensemos que el término se refiere únicamente a la importancia de consumir alimentos que no sean perjudiciales para nuestra salud. Pero la propia definición va mucho más allá.
La seguridad alimentaria implica tener acceso a los alimentos en cantidades necesarias, y que estos sean lo suficientemente seguros y nutritivos para que nuestro cuerpo pueda absorber la energía y nutrientes adecuados. De igual manera, esta situación debe ser estable y contínua en el tiempo, y no una odisea provocada por la incertidumbre a la que muchas personas, sin ser nosotros conscientes, están sometidas.
En este sentido, ¿es cierto que la seguridad alimentaria no tiene cabida y muchas veces se da por sentado en nuestros países?
A menudo asumimos que la causa es la falta de disponibilidad de alimentos suficientes. Sin embargo, la inseguridad alimentaria se debe a múltiples factores y se trata de un problema mucho mayor que la capacidad de producir suficientes alimentos para poder alimentar a todos los habitantes; es más el problema de acceso a los alimentos y su accesibilidad, llegando a ser desproporcionados. No obstante, en muchos países desarrollados, la mayoría de las personas tienen fácil acceso a los alimentos para cada día y, por lo tanto, dan por sentado que los alimentos están disponibles y son accesibles.
En Latinoamérica no es tanto la falta de alimentos sino las dificultades para poder acceder a ellos. Esta inestabilidad de acceso a los alimentos puede deberse a diferentes motivos: Los problemas económicos derivados de la pandemia; la mala gestión económica causando que los precios estén fuera del alcance de los consumidores; fenómenos meteorológicos extremos ligados a los efectos de la variabilidad climática; el conflicto entre Rusia y Ucrania; alteraciones en las cadenas de suministro… todos ellos detonantes que han dejado a un estimado de 10,6 millones de personas en inseguridad alimentaria en Latinoamérica, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA).
Nos encontramos en una situación extrema y cuya cifra ha supuesto un aumento del 20% con respecto a inicios del año, en gran parte debido a la falta de acceso a las redes de carreteras en cualquier época del año, donde casi mil millones de habitantes de zonas rurales, aproximadamente el 68% de la población rural mundial, sufre este problema.
Los problemas pueden ser muchos y complicados, pero encontrar soluciones no debería serlo. Por eso, debemos preguntarnos ¿cómo podemos plantarle cara al hambre a través de una adecuada infraestructura vial? La infraestructura vial y consiguiente prestación de servicios de transporte seguros, fiables y accesibles en las zonas rurales tienen el potencial de impulsar el desarrollo social y económico, reduciendo así la pobreza, aumentando la seguridad alimentaria y la productividad y disminuyendo la incidencia del hambre.
Esta es una de las formas más eficaces de aumentar la seguridad alimentaria y frenar el hambre, ya que permite a los agricultores que sus productos lleguen a un mercado más amplio, con mayor frecuencia durante todo el año y a precios competitivos, al alcance de los consumidores. Además, permite que los bienes y servicios de apoyo a la agricultura lleguen a las instalaciones de forma más eficiente y a menor costo, según el estudio de agricultura de AFCAP.
En definitiva, un mejor acceso mejora a su vez la eficiencia de la distribución de alimentos, al proporcionar una mejor conectividad a lo largo del año y reducir los costos de transporte gracias a trayectos más cortos, un menor consumo de combustible y un menor desgaste de los vehículos. Pero la batalla contra el hambre no termina aquí. Aunque una infraestructura vial adecuada impacta positivamente a la mejora de la seguridad alimentaria y la garantía de “cero-hambre”, estamos hablando de un derecho humano al que todos deberíamos tener acceso pero que, lamentablemente, no es así, y en muchos países se da por sentado.
Por este motivo, y para poder salir victoriosos de esta batalla, la cual está presente también en Guatemala, existen más formas de abordar el tema desde otros enfoques. En este sentido, el sector privado, junto con el Gobierno de Guatemala y las organizaciones que buscan hacer frente a esta problemática, debemos trabajar en conjunto, marcando la diferencia y contribuyendo a la mejora de la alimentación en nuestras propias comunidades.
